Acceso de la población inmigrante en la comunidad autónoma vasca a los servicios y prestaciones. 
Trabajo de investigación impulsado por el Ararteko y realizado por el equipo de investigación de MUGAK, SOS ARRAZAKERIA GIPUZKOA, formado por Maitane Arnoso, Mikel Mazkiaran, Ainara Arnoso, Silvana Luciani, Adriana Villalón y Aizpea Otaegi.

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Algunos datos del estudio:

Relevancia social y objetivo.
La opinión pública en general (y también la sociedad vasca en su conjunto) cree que el colectivo migrante hace un uso intensivo de los servicios sociales, incluso un abuso de estos servicios. Mucho se dice, entre los estereotipos erróneos de la población autóctona, que las personas inmigrantes extranjeras viven de las ayudas sociales en vez de trabajar. .

Conclusiones.
Existen estudios previos que se han dedicado a cuantificar el uso de los servicios sociales que demuestran que la población inmigrante no hace un uso mayor de estos servicios, sino que, además, concluyen que la población inmigrante aporta al Estado de bienestar más de lo que recibe. Son una minoría las personas inmigrantes que se están beneficiando o se han estado beneficiando de las distintas prestaciones económicas que las administraciones locales, forales, autonómicas y estatales ofrecen a las personas que residen y están empadronadas en nuestros ayuntamientos, territorios históricos, comunidad o Estado.
Este dato nos lleva a una primera reflexión: la supuesta sobrerrepresentación del colectivo inmigrante en el uso de los servicios sociales debe ser refutada con estudios y datos objetivos. Es un tema de extraordinaria sensibilidad social el uso (y abuso) de los servicios sociales.
Pero si nos centrarnos exclusivamente en los aspectos monetarios el resultado puede quedar lastrado por una visión utilitarista de la inmigración. Por ello, nuestro estudio va más allá y se centra en las dificultades de día a día que tiene la población extranjera en el acceso a los servicios y prestaciones sociales. La irregularidad administrativa, la falta de contratos de alquiler como requisito para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, o verdaderos problemas de derecho internacional privado que surgen a la hora de abordar la situación familiar en el país de origen, son algunos de los problemas añadidos que tiene el colectivo inmigrante respecto al autóctono a la hora de acceder a Los servicios sociales.
Además, cabe destacar el recorte y endurecimiento de los trámites para beneficiarse de los recursos, debido a la ampliación de los tiempos de empadronamiento y la limitación en el acceso a una buena parte de ellos a la población en situación jurídico administrativa legal. El itinerario de inserción social para aquellas personas que aún no cumplen los tiempos mínimos de empadronamiento para poder acceder a los recursos y prestaciones del ámbito público, y que carecen de ingresos, pasa por acceder a recursos muy básicos donde se cubren necesidades básicas de alimentación, limpieza de ropa y, acceso con plazas limitadas a albergues de invierno. Esa exigencia de la residencia legal entra en contradicción con los propósitos de la ciudadanía de hecho que desarrolla el Plan Vasco de Inmigración, lo cual cercena el acceso de la población inmigrada en igualdad de condiciones, independientemente de su situación de regularidad jurídica, a los derechos de cualquier ciudadano o ciudadana.
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